En el corto tiempo de su pontificado, Juan XXIII publicó dos encíclicas sociales: Mater et magistra (1961) y Pacem in terris (1963).
Mater et magistra conmemora el setenta aniversario de la encíclica Rerum novarum. Pero no es solo una conmemoración del pasado. Quizá, lo que más sorprende en ella es la nueva sensibilidad eclesial ante los problemas sociales. No se trata solo de un modo distinto de acercarse a la realidad social, más inductivo y abierto, sino de un horizonte más amplio. La cuestión social no queda reducida al problema obrero; se refiere también a los problemas de la agricultura y a las relaciones entre las comunidades políticas desarrolladas y las que están en vías de desarrollo.
Esta primera encíclica de Juan XXIII inaugura una nueva etapa en la doctrina social. Se la considera como un documento de transición, publicado ya a las puertas del concilio Vaticano II. Detecta nuevos problemas y los enfoca con una mentalidad diferente, aunque con frecuencia propone, al mismo tiempo, soluciones ya conocidas, que no siempre dejan satisfechos.
El documento se articula en cuatro grandes partes. La primera recoge y sintetiza las enseñanzas de las anteriores encíclicas, especialmente de Rerum novarum; la segunda, las desarrolla; la tercera aborda los nuevos aspectos de la cuestión social; y la cuarta, desde una perspectiva pastoral, proyecta la función que la Iglesia puede desempeñar ante estos problemas.
Llama la atención, en primer lugar, la valoración positiva sobre la socialización, entendida como «la progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, con la formación consiguiente de muchas formas de vida y de actividad asociada». Según Juan XXIII, la socialización favorece el cumplimiento de muchos derechos de la persona, sobre todo los económicos y sociales; pero puede también reducir la libertad individual. Por ello, es necesario que los gobernantes «profesen un sano concepto de bien común».
El documento se refiere con amplitud a la remuneración del trabajo, lamentando la situación de muchos asalariados que, debido a una retribución injusta, se ven sometidos a una vida infrahumana. El salario no puede estar determinado ni por la libre competencia del mercado ni por arbitrio de los poderosos, sino que deben guardarse las normas de la justicia y equidad. Esto exige que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares. Entre las exigencias del bien común, cita expresamente el «facilitar trabajo al mayor número posible de obreros; evitar que se constituyan dentro de la nación e incluso entre los propios trabajadores, categorías sociales privilegiadas; mantener una adecuada proporción entre salario y precio».
Como sus predecesores, afirma el derecho a la propiedad privada como un derecho contenido en la naturaleza humana. Pero no basta afirmar este «derecho natural» si al mismo tiempo no se procura con toda energía que se extienda a todas las clases sociales su ejercicio. Ello tampoco excluye que el Estado y las demás instituciones públicas posean legítimamente bienes de producción. El Papa constata la ampliación progresiva que registra en nuestra época la propiedad del Estado y de las instituciones públicas. Finalmente resalta el principio de que «al derecho de la propiedad privada le es intrínsecamente inherente una función social».
Entre los aspectos más recientes de la cuestión social, la encíclica se detiene especialmente en: las relaciones entre los distintos sectores de la economía, los impuestos, la seguridad social, las relaciones entre las zonas de desigual desarrollo en un país y entre los países desarrollados y no desarrollados, el crecimiento demográfico, la colaboración a nivel mundial. Subraya, finalmente, la importancia de reconstruir las relaciones de convivencia en la verdad, en la justicia y en el amor.
La encíclica Mater et magistra enriquece la doctrina social de la Iglesia, extendiéndola a nuevos problemas a los que hasta entonces apenas se había aludido, ofreciendo una visión más global de la cuestión social y fijando la atención en la transformación moderna de los sistemas económicos, en la organización de la sociedad, en el crecimiento demográfico y en el desarrollo económico. Además, contiene también una sección importante sobre la naturaleza de la misma doctrina social, sobre su enseñanza, difusión y aplicación. Para Juan XXIII, la doctrina social de la Iglesia es parte integrante de la enseñanza cristiana y debe difundirse a todos los niveles de la Iglesia para llegar a inspirar el compromiso social de los católicos.
Su publicación suscitó incluso en los ambientes no católicos un eco notable. En el umbral de los años sesenta, cuando el mundo comenzaba a sentir la posibilidad de una existencia basada no ya en la guerra fría sino en la distensión, las palabras de Juan XXIII mostraron al mundo una Iglesia que, sin nostalgias, quería colaborar con todos los hombres de buena voluntad en la búsqueda de una convivencia más justa y más respetuosa de la dignidad de los individuos.
Mater et magistra conmemora el setenta aniversario de la encíclica Rerum novarum. Pero no es solo una conmemoración del pasado. Quizá, lo que más sorprende en ella es la nueva sensibilidad eclesial ante los problemas sociales. No se trata solo de un modo distinto de acercarse a la realidad social, más inductivo y abierto, sino de un horizonte más amplio. La cuestión social no queda reducida al problema obrero; se refiere también a los problemas de la agricultura y a las relaciones entre las comunidades políticas desarrolladas y las que están en vías de desarrollo.
Esta primera encíclica de Juan XXIII inaugura una nueva etapa en la doctrina social. Se la considera como un documento de transición, publicado ya a las puertas del concilio Vaticano II. Detecta nuevos problemas y los enfoca con una mentalidad diferente, aunque con frecuencia propone, al mismo tiempo, soluciones ya conocidas, que no siempre dejan satisfechos.
El documento se articula en cuatro grandes partes. La primera recoge y sintetiza las enseñanzas de las anteriores encíclicas, especialmente de Rerum novarum; la segunda, las desarrolla; la tercera aborda los nuevos aspectos de la cuestión social; y la cuarta, desde una perspectiva pastoral, proyecta la función que la Iglesia puede desempeñar ante estos problemas.
Llama la atención, en primer lugar, la valoración positiva sobre la socialización, entendida como «la progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, con la formación consiguiente de muchas formas de vida y de actividad asociada». Según Juan XXIII, la socialización favorece el cumplimiento de muchos derechos de la persona, sobre todo los económicos y sociales; pero puede también reducir la libertad individual. Por ello, es necesario que los gobernantes «profesen un sano concepto de bien común».
El documento se refiere con amplitud a la remuneración del trabajo, lamentando la situación de muchos asalariados que, debido a una retribución injusta, se ven sometidos a una vida infrahumana. El salario no puede estar determinado ni por la libre competencia del mercado ni por arbitrio de los poderosos, sino que deben guardarse las normas de la justicia y equidad. Esto exige que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares. Entre las exigencias del bien común, cita expresamente el «facilitar trabajo al mayor número posible de obreros; evitar que se constituyan dentro de la nación e incluso entre los propios trabajadores, categorías sociales privilegiadas; mantener una adecuada proporción entre salario y precio».
Como sus predecesores, afirma el derecho a la propiedad privada como un derecho contenido en la naturaleza humana. Pero no basta afirmar este «derecho natural» si al mismo tiempo no se procura con toda energía que se extienda a todas las clases sociales su ejercicio. Ello tampoco excluye que el Estado y las demás instituciones públicas posean legítimamente bienes de producción. El Papa constata la ampliación progresiva que registra en nuestra época la propiedad del Estado y de las instituciones públicas. Finalmente resalta el principio de que «al derecho de la propiedad privada le es intrínsecamente inherente una función social».
Entre los aspectos más recientes de la cuestión social, la encíclica se detiene especialmente en: las relaciones entre los distintos sectores de la economía, los impuestos, la seguridad social, las relaciones entre las zonas de desigual desarrollo en un país y entre los países desarrollados y no desarrollados, el crecimiento demográfico, la colaboración a nivel mundial. Subraya, finalmente, la importancia de reconstruir las relaciones de convivencia en la verdad, en la justicia y en el amor.
La encíclica Mater et magistra enriquece la doctrina social de la Iglesia, extendiéndola a nuevos problemas a los que hasta entonces apenas se había aludido, ofreciendo una visión más global de la cuestión social y fijando la atención en la transformación moderna de los sistemas económicos, en la organización de la sociedad, en el crecimiento demográfico y en el desarrollo económico. Además, contiene también una sección importante sobre la naturaleza de la misma doctrina social, sobre su enseñanza, difusión y aplicación. Para Juan XXIII, la doctrina social de la Iglesia es parte integrante de la enseñanza cristiana y debe difundirse a todos los niveles de la Iglesia para llegar a inspirar el compromiso social de los católicos.
Su publicación suscitó incluso en los ambientes no católicos un eco notable. En el umbral de los años sesenta, cuando el mundo comenzaba a sentir la posibilidad de una existencia basada no ya en la guerra fría sino en la distensión, las palabras de Juan XXIII mostraron al mundo una Iglesia que, sin nostalgias, quería colaborar con todos los hombres de buena voluntad en la búsqueda de una convivencia más justa y más respetuosa de la dignidad de los individuos.
Fuente: E. Alburquerque Frutos, Doctrina Social de la Iglesia: 25 preguntas, CCS, Madrid 2011.
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